EL GOBIERNO PIDIÓ UNA TREGUA DE 10 DÍAS A CAMBIO DE PROTECCIÓN GREMIAL Y DISCUTIR LA INSCRIPCIÓN COMO SINDICATO
Promesas dulces para los metrodelegados del subte
El Ministerio de Trabajo busca ganar tiempo para negociar con todas las partes. Los rebeldes gozarían de un esquema de representación y tutela mientras se negocia el tema de fondo. La CGT aceptaría lo que se resuelva. La Justicia presiona.
El Gobierno les ofreció a los “metrodelegados” protección y fueros gremiales ad hoc mientras discuten la inscripción como nuevo sindicato del subte, sin paros en el medio. Para calmar a la contraparte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y su organización madre, la CGT, dejó trascender que está en camino el decreto que les devuelve a los Gordos el manejo de $3.200 millones de un fondo para las obras sociales, tal como informó Crítica en su edición de ayer. Los rebeldes celebraron la vuelta al diálogo y la propuesta del ministerio de Trabajo que será analizada hoy en asambleas. La tregua planteada es por 10 días hasta la próxima reunión el 25 de este mes. De todas maneras, entre los rebeldes reinaba la intención de no tomar otra medida de fuerza para no desgastarse.
Tras la reunión de casi tres horas con el ministro Carlos Tomada en la sede la cartera laboral, Néstor Segovia, referente de los talleristas de la línea C, no quiso jugarse. “No tengo mandato para decir si vamos a hacer el paro o no, el punto uno es la inscripción gremial”, afirmó. Pero dejó en claro que en el Gobierno prima la intención de terminar el conflicto. “El ministro va a evaluar el expediente”, agregó Segovia.
Los delegados de base ingresaron en el Ministerio de Trabajo a las 18.15 y la reunión con Tomado se prolongó hasta cerca de las 21. Al despacho del funcionario ingresaron, además de Segovia, los delegados de base Norberto Pianelli y Claudio Dellecarbonara, mientras el resto de la comisión se quedó en la antesala.
La reunión considerada clave se realizó luego del paro de 24 horas que el pasado martes dejó sin servicio a un millón y medios de usuarios, y en momentos que se mantiene la advertencia de extender la medida de fuerza a 48 horas esta semana.
La propuesta de Tomada fue tentadora.
A cambio de la paz social, Tomada ofreció los siguientes puntos:
• Organizar un esquema de representación y tutela para los 88 metrodelegados. Trabajo buscará además que Metrovías los participe de las negociaciones salariales.
• Discutir la posibilidad de quitarle a la UTA el 1% que cobra de retención compulsiva del salario de los trabajadores (“cuota solidaria”). Para que el gremio histórico del Transporte y alineado con la CGT no patalee, ese porcentaje lo absorbería la empresa concesionaria Metrovías y no saldrá del sueldo. Como el Estado subsidia gran parte de la operatoria del subte, el dinero saldrá de las arcas públicas y no afectará tanto a la empresa.
Mientras tanto, las partes analizarán el famoso expediente de la inscripción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP).
Hay una fecha que presiona sobre todos: el 2 de diciembre. Los metrodelegados llevaron su reclamo hasta la Justicia que le ordenó al ministerio de Trabajo que tome una medida antes de esa fecha.
También pesa sobre las partes el fallo de noviembre del año pasado de la Corte Suprema que permitió a dirigentes de base simplemente inscriptos (sin estar afiliados al sindicato oficial) poder competir en elecciones internas por la representación gremial de una empresa.
Para cerrar con éxito esta negociación, el Gobierno hará un gesto fundamental para la CGT. La presidenta tiene a la firma un decreto que prevé la devolución a las obras sociales sindicales de un fondo por $3.200 millones que los Gordos reclamaban desde hace tiempo. Se trata del Fondo Solidario de Redistribución que la AFIP recauda sobre los aportes de los afiliados a las obras sociales para atender enfermedades complejas y de alto costo.
Esta medida, informada ayer por Crítica de la Argentina, calmó ánimos beligerantes en la CGT ante la división gremial en el subte. Un referente de la central de los trabajadores le dijo a este diario que de darle la inscripción gremial a los rebeldes, “esperamos una reacción de la UTA pero no se plegará todo el movimiento obrero”.
La inscripción es un trámite que frenará el caos de tránsito y mal humor social por los paros en el subte y, que en definitiva, no resuelve la polémica de fondo sobre el modelo sindical en el país. Es una obligación para el ministerio de Trabajo aceptar el pedido de cualquier agrupación que quiera blanquearse como sindicato. Se entrega un número sin mucha más validez. Sin embargo, para la AGTSYP sería una gran victoria.
La personería gremial, el gran objetivo final, ya implica una mayor concesión política de parte del Gobierno, alineado con la tradición sindical peronista. De aceptarla, significará el reconocimiento pleno del sindicato con todas las garantías y tutelas legales. Sin embargo, la ley argentina no permite que haya dos gremios en una misma actividad o empresa. En ese caso, la Justicia, con el fallo de la Corte Suprema como antecendente, puede abrirles la puerta de la legalidad a los metrodelegados.
Favor con favor siempre se paga
La prenda de cambio que el Gobierno dio a la CGT, por el inicio de negociaciones con los delegados del subte, fue la cesión a las obras sociales sindicales de los 3.200 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución. Como anticipó ayer Crítica de la Argentina, la mayor concesión de Cristina a los gordos de la central obrera será dispuesta a través de un decreto.
Tras la reunión de casi tres horas con el ministro Carlos Tomada en la sede la cartera laboral, Néstor Segovia, referente de los talleristas de la línea C, no quiso jugarse. “No tengo mandato para decir si vamos a hacer el paro o no, el punto uno es la inscripción gremial”, afirmó. Pero dejó en claro que en el Gobierno prima la intención de terminar el conflicto. “El ministro va a evaluar el expediente”, agregó Segovia.
Los delegados de base ingresaron en el Ministerio de Trabajo a las 18.15 y la reunión con Tomado se prolongó hasta cerca de las 21. Al despacho del funcionario ingresaron, además de Segovia, los delegados de base Norberto Pianelli y Claudio Dellecarbonara, mientras el resto de la comisión se quedó en la antesala.
La reunión considerada clave se realizó luego del paro de 24 horas que el pasado martes dejó sin servicio a un millón y medios de usuarios, y en momentos que se mantiene la advertencia de extender la medida de fuerza a 48 horas esta semana.
La propuesta de Tomada fue tentadora.
A cambio de la paz social, Tomada ofreció los siguientes puntos:
• Organizar un esquema de representación y tutela para los 88 metrodelegados. Trabajo buscará además que Metrovías los participe de las negociaciones salariales.
• Discutir la posibilidad de quitarle a la UTA el 1% que cobra de retención compulsiva del salario de los trabajadores (“cuota solidaria”). Para que el gremio histórico del Transporte y alineado con la CGT no patalee, ese porcentaje lo absorbería la empresa concesionaria Metrovías y no saldrá del sueldo. Como el Estado subsidia gran parte de la operatoria del subte, el dinero saldrá de las arcas públicas y no afectará tanto a la empresa.
Mientras tanto, las partes analizarán el famoso expediente de la inscripción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP).
Hay una fecha que presiona sobre todos: el 2 de diciembre. Los metrodelegados llevaron su reclamo hasta la Justicia que le ordenó al ministerio de Trabajo que tome una medida antes de esa fecha.
También pesa sobre las partes el fallo de noviembre del año pasado de la Corte Suprema que permitió a dirigentes de base simplemente inscriptos (sin estar afiliados al sindicato oficial) poder competir en elecciones internas por la representación gremial de una empresa.
Para cerrar con éxito esta negociación, el Gobierno hará un gesto fundamental para la CGT. La presidenta tiene a la firma un decreto que prevé la devolución a las obras sociales sindicales de un fondo por $3.200 millones que los Gordos reclamaban desde hace tiempo. Se trata del Fondo Solidario de Redistribución que la AFIP recauda sobre los aportes de los afiliados a las obras sociales para atender enfermedades complejas y de alto costo.
Esta medida, informada ayer por Crítica de la Argentina, calmó ánimos beligerantes en la CGT ante la división gremial en el subte. Un referente de la central de los trabajadores le dijo a este diario que de darle la inscripción gremial a los rebeldes, “esperamos una reacción de la UTA pero no se plegará todo el movimiento obrero”.
La inscripción es un trámite que frenará el caos de tránsito y mal humor social por los paros en el subte y, que en definitiva, no resuelve la polémica de fondo sobre el modelo sindical en el país. Es una obligación para el ministerio de Trabajo aceptar el pedido de cualquier agrupación que quiera blanquearse como sindicato. Se entrega un número sin mucha más validez. Sin embargo, para la AGTSYP sería una gran victoria.
La personería gremial, el gran objetivo final, ya implica una mayor concesión política de parte del Gobierno, alineado con la tradición sindical peronista. De aceptarla, significará el reconocimiento pleno del sindicato con todas las garantías y tutelas legales. Sin embargo, la ley argentina no permite que haya dos gremios en una misma actividad o empresa. En ese caso, la Justicia, con el fallo de la Corte Suprema como antecendente, puede abrirles la puerta de la legalidad a los metrodelegados.
Favor con favor siempre se paga
La prenda de cambio que el Gobierno dio a la CGT, por el inicio de negociaciones con los delegados del subte, fue la cesión a las obras sociales sindicales de los 3.200 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución. Como anticipó ayer Crítica de la Argentina, la mayor concesión de Cristina a los gordos de la central obrera será dispuesta a través de un decreto.
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