Los desacuerdos clandestinos
El Gobierno recibió a los trabajadores del Subte en forma reservada. Tomada prefiere que un fallo judicial lo obligue a darles la inscripción para no tener que pelearse con la moyanista UTA.
Diego Schurman
23.09.2009
Aunque parezca un contrasentido, el gobierno y los trabajadores del subte mantuvieron, en los últimos días, un encuentro “clandestino” durante el cual lo único que acordaron es que no van a ponerse de acuerdo. ¿Por qué semejante certeza? Para entender el conflicto, vale la pena contextualizarlo.
De un tiempo a esta parte, un grupo de operarios desconoce la representación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y busca darle un marco legal a una nueva organización, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Para blanquear la ruptura, la asociación debe obtener la inscripción gremial, es decir, un reconocimiento estatal de su existencia, lo cual, a su vez, tal como recuerda el abogado Horacio Meguira, le permite elegir sus propios delegados.
En este caso, cuenta con la ley de su lado. Distinto sería ante un reclamo de personería gremial, un paso ulterior a la inscripción gremial. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales, la personería gremial corresponde al gremio con mayor cantidad de afiliados que cotizan dentro una actividad, empresa u oficio. Una compulsa favorecería hoy a la UTA.
De todos modos, la sola inscripción gremial puede convertirse en la llave para seducir a los trabajadores a pasarse de un sindicato a otro y, en consecuencia, a cambiar la relación de fuerza entre ambos. ¿Qué permite la personería gremial? Faculta a un gremio para representar a los trabajadores en un conflicto y en una negociación colectiva; le da acceso a la cuota sindical por retención patronal, y tutela a delegados y autoridades, impidiendo que sean despedidos.
Ahora bien, ¿por qué el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no arbitra los medios para otorgar la inscripción gremial a la AGTSyP? La respuesta es eminentemente política. La agrupación que motoriza el conflicto responde a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuya relación con el Gobierno es tirante, mientras que la UTA pertenece a la Confederación General de Trabajadores (CGT), atada al kirchnerismo por obra y gracia de Hugo Moyano.
Así las cosas, Tomada preferiría una salida judicial al diferendo, aún sabiendo que obtendrá un fallo adverso. ¿Por qué? Sencillamente porque de esa manera no aparecería ejecutando una resolución en contra de la UTA de motu proprio, sino forzado por un decisión exterior a la Casa Rosada.
Si no hubiera un fallo de los Tribunales, a Tomada le quedarían dos alternativas: o seguir haciendo malabares para dilatar el tema o asumir el costo político de alumbrar un nuevo gremio en desmedro del moyanismo. En el encuentro “clandestino” –esa categoría surgió de uno de sus participantes–, los fogoneros de la AGTSyP dejaron en claro que no le facilitarán las cosas a Tomada. Por eso no hicieron, hasta ahora, un reclamo judicial por la denegación de la inscripción gremial sino apenas un amparo por mora administrativa, lo que sigue empujando al Gobierno a una resolución que infligiría un duro golpe a sus aliados estratégicos.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=30038
De un tiempo a esta parte, un grupo de operarios desconoce la representación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y busca darle un marco legal a una nueva organización, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Para blanquear la ruptura, la asociación debe obtener la inscripción gremial, es decir, un reconocimiento estatal de su existencia, lo cual, a su vez, tal como recuerda el abogado Horacio Meguira, le permite elegir sus propios delegados.
En este caso, cuenta con la ley de su lado. Distinto sería ante un reclamo de personería gremial, un paso ulterior a la inscripción gremial. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales, la personería gremial corresponde al gremio con mayor cantidad de afiliados que cotizan dentro una actividad, empresa u oficio. Una compulsa favorecería hoy a la UTA.
De todos modos, la sola inscripción gremial puede convertirse en la llave para seducir a los trabajadores a pasarse de un sindicato a otro y, en consecuencia, a cambiar la relación de fuerza entre ambos. ¿Qué permite la personería gremial? Faculta a un gremio para representar a los trabajadores en un conflicto y en una negociación colectiva; le da acceso a la cuota sindical por retención patronal, y tutela a delegados y autoridades, impidiendo que sean despedidos.
Ahora bien, ¿por qué el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no arbitra los medios para otorgar la inscripción gremial a la AGTSyP? La respuesta es eminentemente política. La agrupación que motoriza el conflicto responde a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuya relación con el Gobierno es tirante, mientras que la UTA pertenece a la Confederación General de Trabajadores (CGT), atada al kirchnerismo por obra y gracia de Hugo Moyano.
Así las cosas, Tomada preferiría una salida judicial al diferendo, aún sabiendo que obtendrá un fallo adverso. ¿Por qué? Sencillamente porque de esa manera no aparecería ejecutando una resolución en contra de la UTA de motu proprio, sino forzado por un decisión exterior a la Casa Rosada.
Si no hubiera un fallo de los Tribunales, a Tomada le quedarían dos alternativas: o seguir haciendo malabares para dilatar el tema o asumir el costo político de alumbrar un nuevo gremio en desmedro del moyanismo. En el encuentro “clandestino” –esa categoría surgió de uno de sus participantes–, los fogoneros de la AGTSyP dejaron en claro que no le facilitarán las cosas a Tomada. Por eso no hicieron, hasta ahora, un reclamo judicial por la denegación de la inscripción gremial sino apenas un amparo por mora administrativa, lo que sigue empujando al Gobierno a una resolución que infligiría un duro golpe a sus aliados estratégicos.
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